Sentencia que las «difíciles condiciones» laborales que sufrieron por el terrorismo avala que se les conceda este plus económico
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao ha estimado los recursos de decenas de ertzainas que reclamaron en los tribunales su derecho a percibir la prima por jubilación voluntaria, un derecho que fue suprimido en 2012. El principal argumento que emplea la magistrada Ana María Martínez Navas para darles la razón en este procedimiento se centra en las «difíciles condiciones» laborales que sufrieron los agentes de la Policía vasca «en los años de lucha contra el terrorismo de ETA». Unas circunstancias que avalarían –a su juicio– el mantenimiento de este plus económico, que a diferencia de otros colectivos de funcionarios fue recogido en el acuerdo regulador suscrito por la mayoría sindical con el anterior Departamento de Interior del Gobierno vasco. Estas primas oscilaban entre 7.000 y 10.000 euros en función de las escalas y de otras variables. La sentencia, en todo caso, es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Se trata de un fallo de enorme repercusión, en la medida en que podría afectar a cientos de agentes de la Policía autonómica. En los próximos años, sin ir más lejos, está prevista la jubilación de más de 1.400 funcionarios. De hecho, los sindicatos Erne y ELA, que representan a la mayoría de los funcionarios que han presentado los recursos, se felicitaron por el fallo. Desde Erne subrayaron que esta prima es un «reconocimiento» a los «años de dedicación» al trabajo policial «en condiciones adversas y hostiles» que realizaron los ertzainas, «arriesgando su propia vida» en «defensa de los derechos y libertades» de los ciudadanos en su «lucha contra el terrorismo». Por su parte, ELA reclamó al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que tenga en cuenta los «argumentos que esgrime la magistrada» y no recurra la sentencia. Una decisión que –en su opinión– se circunscribe a un asunto de «voluntad política» dirigida a que los trabajadores recuperen «los derechos» perdidos.
Enfado en Educación
La supresión en 2012 de este plus de prejubilación –a partir de los 60 años– causó gran malestar entre muchos funcionarios. En el caso del Departamento de Educación, se organizaron protestas y muchos trabajadores presentaron un escrito de renuncia a la jubilación y decidieron continuar en las aulas. En sus protestas advirtieron de que se paralizará el rejuvenecimiento de las plantillas. El Ejecutivo del PSE decidió suspender la prima de prejubilación como una medida de ahorro, un plus del que se habían beneficiado miles de empleados públicos vascos. Para Educación la medida iba a suponer un ahorro cercano a los 23 millones de euros.
Para estimar las pretensiones de los ertzainas, la magistrada Martínez Navas considera «clarificador» las declaraciones que en 2007 realizaron en el Congreso de los Diputados el secretario general de Erne, Roberto Seijo, y los representantes del PNV, Emilio Olabarria, del PP, María Eugenia Martín Mendizabal, y del PSOE, María José Sánchez Rubio. «Todos ellos –subraya– coincidieron en destacar» sus difíciles condiciones laborales y la necesidad de «regular una edad de jubilación» acorde con el «trabajo tan arriesgado que realizaban».