Los principales sindicatos de la Ertzaintza se sumaron ayer a las críticas al Gobierno vasco por su decisión de conceder un permiso para salir de la cárcel alavesa de Zaballa para acudir al dentista sin ningún tipo de custodia policial al preso de ETA Mikel Otegi, al que todavía le quedan por cumplir 10 años de condena por el asesinato de dos ertzainas en 1995 junto a su caserío de Itsasondo.
Dos días después de que EL CORREO desvelase el permiso extraordinario concedido a Otegi, los principales sindicatos de la Ertzaintza han insistido en esta idea. Entre otras cosas, recuerdan que la muerte de estos dos agentes fue un hecho «muy traumático» para el «colectivo» de la Policía vasca y resaltan que nunca dejarán de arropar a las familias de Iñaki y José Luis.
A través de una nota conjunta, ErNE, Esan y Sipe parten de la base de que «no les corresponde» el análisis de las políticas penitenciarias. Pero inciden en que se ven «en la obligación de poner el acento en el dolor y el sufrimiento que provoca esta medida», justificada por una «supuesta economía». Este permiso duele –advierten– tanto a las familias de las víctimas como al «colectivo», que «sufrió y sufre con el recuerdo».
Los representantes de los ertzainas se han pronunciado un día después de que la familia de Iñaki Mendiluce –uno de los dos agentes asesinados por Otegi– asegurase que ha recibido la noticia de que se le había concedido este permiso con «resignación, profundo dolor y humillación». Sus allegados también tildaron de «deleznable» que el Ejecutivo aluda a la «economía de gasto» para justificar esta decisión. Y recordaron que Otegi no ha mostrado signos de «arrepentimiento» por la muerte de Mendiluce, vecino de Zumarraga de 26 años, y de José Luis González, residente en Galdakao de 34 años y cuya mujer estaba embarazada de 7 meses.
Las condenas
También calificaron de «inhumano» que hayan tenido que enterarse de una noticia «de esta envergadura» a través de los medios de comunicación. Además, la familia del agente recordó que Otegi, tras ser absuelto por un jurado popular, estuvo fugado de la justicia durante más de seis años. Después de ser detenido en 2003, fue condenado en Francia por pertenencia a ETA. Pero la condena por el asesinato de estos dos jóvenes no llegó hasta 17 años después de los crímenes.