La Unidad de Víctimas, uno de los proyectos estrella de la nueva Policía Municipal tras su profunda reestructuración, nació a raíz del pacto de seguridad firmado entre todos los partidos del Ayuntamiento de Bilbao en 2018. Tras un acusado retraso, echó a andar en abril del año pasado. Sobre el papel, el grupo debía de estar formado por 20 agentes –15 de base y 5 cabos–, pero sólo empezaron 12 con la idea de ir incrementando paulatinamente este número. Las expectativas están lejos de cumplirse. La plantilla actual la integran solo 9 agentes, 3 con la categoría de cabos. La mayoría (6) son mujeres.
Los integrantes habían recibido una completa formación de dos meses, con la intervención de una jueza de violencia, la fiscal de menores, catedráticos, técnicos del servicio de Infancia de la Diputación, asociaciones y hasta víctimas que ofrecían su testimonio. Sin embargo, a posteriori, los nuevos agentes que se han incorporado en comisión de servicios o los interinos apenas cuentan con formación ni experiencia en violencia de género, según denuncian los sindicatos SVPE-Erne, CC OO y UGT. «Todos los días tienen que recurrir a la bolsa de voluntarios porque no dan abasto», advierten.
La Unidad de Víctimas se dedica a atender a mujeres que han sufrido malos tratos o amenazas de sus parejas o exparejas, pero también a otras personas vulnerables, como menores que han padecido bullying, padres que han sido agredidos por sus hijos o ancianos a los que sus cuidadores han desvalijado, delitos que cada vez son más comunes.
15 o 20 víctimas por agente
Sin embargo, la falta de agentes «pone en peligro la atención y el seguimiento a todas esas víctimas», según estas centrales, que hablan «en nombre de los miembros de la unidad». Cada policía tiene asignadas 15 o 20 víctimas. Cuando alguno cae de baja larga por enfermedad, se las deben repartir entre los demás compañeros. El protocolo indica que debe existir un «contacto mensual» con cada una de ellas, algo que muchas veces es imposible de cumplir por la «sobrecarga de trabajo». Los agentes deben ganarse su confianza y convertirse en su interlocutor. Ahora, incluso a los interinos, que «podrían no llegar a conseguir la plaza y manejan información sensible, se les asignan también víctimas, pese a que van a rotar cada tres meses», lamentan. Además, los especialistas deben encargarse de completar todo el atestado, desde la reseña del delito al acompañamiento a la víctima a la sede judicial para cumplimentar el papeleo de las órdenes de alejamiento. Por comparar, la Unidad de Violencia de Género de la Ertzaintza no realiza los atestados al encargarse de este trámite otros compañeros.
«La tarea es inabarcable –denuncian los sindicatos–. El estrés se suma al síndrome del ‘burn out’ o fatiga por compasión de un trabajo en el que deben apoyar a personas que han sufrido violencia o un hecho traumático». Deberían realizar un proceso de «ventilación emocional cada cierto tiempo para no acabar quemados», sugieren.
Cuando se han sacado las plazas a comisión, han quedado vacantes porque «no es unidad atractiva. Es un ‘marrón’, te obligan a una permanencia de tres años y exigen perfil 2». Las centrales piden al Ayuntamiento que «dedique más personal» o «reajuste las funciones, liberándoles por ejemplo de la realización de los atestados».