El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria ha obligado al Gobierno vasco a indemnizar a un ertzaina vizcaíno al que golpeó un maltratador al que iba a detener. El agresor fue condenado a abonar al agente 1.533 euros pero se declaró insolvente. La magistrada recuerda que la reforma de la Ley de Policía del País Vasco, aprobada en julio de 2019, preveía que la Administración asumiera el pago de las indemnizaciones a los ertzainas en los casos de insolvencia.

Los hechos se produjeron el 7 de febrero de 2016, pero hasta septiembre de 2019, cuando ya había entrado en vigor la reforma legislativa, el acusado no se declaró insolvente.

Sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento de su expareja, que residía en Ortuella. Pese a ello, se acercó hasta su domicilio y tocó el timbre profiriendo amenazas contra ella. Al día siguiente, dos patrullas de la Ertzaintza fueron al domicilio del agresor a notificarle la fecha del juicio rápido. Sabían que de inmediato se iba a presentar donde la exnovia para reprocharle que le hubiera denusnciado, por lo que los agentes le estaban esperando. Se revolvió contra dos de ellos para evitar su detención y «comenzó a bracear y dar puñetazos». «¡Se va a enterar esta hija de puta. La voy a matar!», repetía en alusión a su expareja.

Le retorció un dedo

A uno de los agentes le cogió la mano y le retorció un dedo, además de darle un rodillazo en el costado, y al otro también le golpeó. El agresor fue condenado por un delito continuado de quebrantamiento de condena, amenazas y atentado en concurso con dos delitos de lesiones leves contra los policías. Uno necesitó 49 días de curación y el otro 13. Al primero, el juzgado le concedió 2.940 euros de indemnización y al segundo, 1.533. Le impusieron un año y tres meses de prisión, además de dos multas de un mes y 45 días a razón de cuatro euros el día. Como el condenado era insolvente, uno de los ertzainas afectados recurrió a los tribunales a través del sindicato ErNE del que es afiliado para reclamar la cantidad reconocida -1.533 euros- al Gobierno vasco, tal como marca la Ley. No es la primera vez que se dicta una sentencia en este sentido -la propia magistrada lo recuerda-, por lo que previsiblemente en los próximos meses otros agentes en la misma situación presentarán recursos similares.